Vox, una oposición en los tribunales: 93 procedimientos en menos de dos años
El partido de Abascal basa su estrategia en un aluvión de recursos y querellas contra los gobiernos de turno, sobre todo el de Sánchez, con el ‘procés’ y la inconstitucionalidad del primer estado de alarma como grandes victorias
Qué pasa ahora con las multas puestas en el segundo estado de alarma
Uno de los dogmas de Vox es la defensa de los españoles allá donde sea necesario. La expresión abarca las Cortes, las cámaras regionales y los ayuntamientos, pero también otros escenarios que trascienden del mero debate político, como la calle o especialmente los tribunales ... . La resonancia de su discurso en los parlamentos se da casi por sentado y movilizaciones como la de Colón han demostrado tener más o menos eficacia, pero donde de verdad ha cogido impulso y verdadera notoriedad el partido de Santiago Abascal es a través de su derecho de acceso a la Justicia . La formación, con 93 procedimientos desde 2020, basa el grueso de su estrategia a corto y medio plazo en obtener réditos de un aluvión de recursos y querellas contra los gobiernos de turno, sobre todo el de Pedro Sánchez, y de los ataques que recibe. La sentencia del ‘procés’ y la reciente inconstitucionalidad del estado de alarma son la punta de un enorme iceberg que no para de crecer.
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La lista es extensa. Leyes, decretos, nombramientos, destituciones, tuits, declaraciones, informes, medidas contra el Covid-19... La izquierda y sus líderes trufan en su mayoría esta suerte de inventario de las acciones judiciales de Vox desde hace menos de dos años, cuando se conformó el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos y el partido de Abascal se afianzó como la tercera fuerza, con 52 diputados. El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, es el último nombre en incorporarse. La formación presentó el pasado 21 de julio una querella contra él –admitida a trámite– por un presunto delito de malversación de caudales públicos, al entender que los informes de la institución presentan «conocidas y notorias desviaciones hacia el PSOE».
De Marlaska a Echenique
En la nómina de querellados, no obstante, hay dos nombres que destacan. El principal es el del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con un total de tres denuncias. Dos por la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos –mayo de 2020 y marzo de 2021– y otra por la falta de seguridad en el mitin de Vallecas durante la campaña electoral del 4 de mayo en Madrid, cuando una turba de radicales boicoteó un acto del partido lanzando piedras y botellas. Hubo ocho detenidos por los disturbios y enfrentamientos contra la Policía y Vox presentó además una querella contra los arrestados.
También aparece dos veces el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, una por llamar nazi a los simpatizantes y miembros del partido y otra, más reciente, por relacionar la muerte de Samuel en Galicia con el discurso de la formación. También se han presentado querellas contra Pablo Echenique y las ministras Reyes Maroto e Ione Belarra por delito de odio.
El Gobierno de Sánchez ha criticado el plan de Vox y censura su supuesto interés por «dirimir la política en los tribunales»
Fuentes del partido han detallado a ABC que desde febrero de 2020 se han abierto un total de 93 procesos judiciales, de los cuales 31 han sido ante el Tribunal Constitucional –con varios recursos de amparo y de inconstitucionalidad–, diez en el Supremo, otros 31 en otros juzgados de primera instancia y seis contra las medidas sanitarias impuestas en Valencia, Canarias, Baleares, Aragón, Navarra y Galicia. Además, se iniciaron hasta 14 procedimientos solo en Cataluña. El último, del 15 de julio, es una querella ante el TSJ por el fondo de la Generalitat para sufragar las penas tras los indultos.
Temas mediáticos
La realidad es que prácticamente no existe un tema mediático en el que Vox no se haya personado. El desafío separatista, Memoria Histórica en Madrid, Otegui, Tsunami Democrátic, ‘Delcygate’, Neurona, la niñera de Iglesias y Montero , coronavirus... «Solo queda Vox» , reiteran una y otra vez desde el partido, como si ese discurso justificara cada una de sus acciones legales.
El tema catalán, más allá del ‘procés’, representa uno de los principales frentes judiciales. Vox denunció en noviembre del año pasado a Carles Puigdemont por malversación y, entre otros asuntos, este junio recurrió ante el Supremo la medida de gracia concedida por Sánchez a los políticos independentistas condenados por sedición y malversación. Pero hay más al margen de Cataluña. Mucho más. También denuncias contra los denominados cordones sanitarios contra ellos en los parlamentos de Cataluña y País Vasco.
La pandemia ha propiciado una ofensiva similar, con varios procedimientos abiertos. Los de Abascal presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma , otro de amparo contra el segundo, un escrito contra la inclusión velada de Pablo Iglesias en la comisión que regula el CNI a través del decreto del Covid, el archivo de las actuaciones en el caso del 8-M previo al estallido de la crisis sanitaria... Por supuesto, también las medidas para frenar el avance del virus en algunas regiones y la ley gallega de salud por limitar, supuestamente, derechos fundamentales. Un bombardeo cuyo máximo exponente es la inconstitucionalidad del confinamiento masivo entre marzo y junio de 2020, declarada en julio.
El partido no ha hecho público el coste económico, como tampoco destaca a ninguno de sus dirigentes como el cerebro del plan
El rédito de estas victorias, precisamente, es lo que explica esta estrategia a medio plazo. Si bien desde el partido no lo dicen públicamente, en privado sí lo reconocen y a nadie se le escapa que cada decisión a su favor es un paso más en su objetivo de tumbar a Sánchez . Incluso en su pugna con el PP para atraer al votante de derechas. Una enmienda a la totalidad plenamente respaldada y con un argumento irrefutable: su ilegalidad. Con ese propósito se han presentado también recursos ante el Constitucional por leyes capitales del Ejecutivo socialista: la ley de eutanasia, la denominada ‘Ley Celaá’, o la reforma de la Ley del Poder Judicial (CGPJ). También la ley Rider o el que ya se están preparando contra la ley de Seguridad Nacional y la de Memoria. La última victoria es que un juez de Madrid ve indicios de malversación en las encuestas de Tezanos en el CIS. Deberá declarar como investigado.
Judicializar la política
El coste económico total de esta estrategia de máximos es un dato que el partido prefiere no revelar, como tampoco destaca al cerebro de esta operación. No obstante, no es difícil encajar en ese papel a la vicesecretaria jurídica del partido, la abogada Marta Castro , y a otros primeros espadas como Macarena Olona o Jorge Buxadé , ambos abogados del Estado.
En contra de la exposición mediática con las sentencias favorables, cuando las causas se desestiman o archivan no tienen el mismo impacto, ni siquiera parecido, y prácticamente pasan desapercibidos y sin mayor repercusión. En que ocurra lo contrario se afana el Gobierno, molesto –y tocado– por lo que consideran una «judicialización» de la política. «No podemos dirimir la política en sede judicial y pasar una patata caliente a los tribunales», dijo hace poco más de un mes la ministra y exportavoz María Jesús Montero. Sus palabras coinciden con el de otros dirigentes a nivel regional y local, aunque matizan que no se trata de algo exclusivo de Vox.
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